Día Nacional del Medioambiente: Las problemáticas ambientales que visibilizó la pandemia
por Orbe
Este 2020 vivimos el 2 de octubre, Día Nacional del Medioambiente, en plena crisis por el coronavirus. Esto permitió atestiguar cómo la intervención humana desata un desequilibrio en la naturaleza, presentándose al mismo tiempo una oportunidad para ver los problemas ambientales que afectan al país y no repetir los errores cometidos hasta ahora.
Desde la organización ambientalista Greenpeace señalan los aspectos que hoy revelan la necesidad de cambios profundos en materia ambiental en Chile:
Agua como un derecho para las personas y la naturaleza
La crisis por el agua en Chile se visibilizó en tiempos de pandemia, ya que la medida básica de protección contra el virus (lavado frecuente de manos) no puede ser cumplida por todos los habitantes del país. Al respecto, en agosto la ONU emitió una dura declaración sobre la falta de agua en Chile, señalando claramente que «los derechos al agua y la salud deben estar por encima de los intereses económicos”.
Desde Greenpeace indican que el problema de falta de agua, pese a la sequía, tiene un alto componente de gestión y “apropiación” amparado bajo un controvertido Código de Aguas. La solución es cambiar el modelo de gestión del agua en Chile, por uno que reconozca desde la Constitución hasta la decisión administrativa más singular el valor de este elemento como pilar estructurante de la vida humana y planetaria.
Detener la pandemia del plástico
Al parecer, este año las medidas de protección contra el Covid-19 han puesto una pausa en los avances alcanzados en Chile reducir el uso de plástico, debido a la idea de que el uso de desechables ayuda a protegerse del contagio.
Para Greenpeace, las medidas deben apuntar a eliminar cada vez más los plásticos de consumo masivo de uso único. «En vez de eso, buena parte del esfuerzo tanto del gobierno como de los principales actores de la industria y del comercio ha pasado por aumentar los niveles de reciclaje de plástico utilizando las herramientas que entrega la ley de Responsabilidad extendida del productor (Ley REP) o mediante el anuncio de compromisos que no terminan por disminuir la enorme masa de elementos plásticos en el envasado, lo que limita las opciones de una ciudadanía que ha demostrado poder liderar el cambio hacia otras formas de relacionarse con el plástico».
Moratoria a la Salmonicultura
Durante la pandemia hemos atestiguado una serie de desastres ambientales protagonizados por la industria salmonera, principalmente en las costas de la Región de los Lagos, que ha dejado en evidencia la realidad respecto a fiscalización por parte de autoridades acuícolas y medioambientales, «las que incluso al ser llevadas al tribunal ambiental por no cumplir sus objetivos, amenazan a las organizaciones medioambientales a castigos económicos por exigir sanciones, como ocurrió con la Superintendencia del Medio Ambiente que se ha negado a sancionar a los centros de cultivo que dejan sin oxígeno al mar» explican desde Greeenpeace.
Durante la pandemia hemos atestiguado una serie de desastres ambientales protagonizados por la industria salmonera, principalmente en las costas de la Región de los Lagos, que ha dejado en evidencia la realidad respecto a fiscalización por parte de autoridades acuícolas y medioambientales, «las que incluso al ser llevadas al tribunal ambiental por no cumplir sus objetivos, amenazan a las organizaciones medioambientales a castigos económicos por exigir sanciones, como ocurrió con la Superintendencia del Medio Ambiente que se ha negado a sancionar a los centros de cultivo que dejan sin oxígeno al mar» explican desde Greeenpeace.
Zonas de sacrificio
Otra de las problemáticas ambientales sin solución en el país son las llamadas zonas de sacrificio, cuyo ejemplo más reciente se vio este 2020, cuando el Estado se negó a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema por las intoxicaciones masivas en Quintero-Puchuncaví, “que vulneran a diario los derechos humanos de quienes habitan en esa zona” señalan desde Greenpeace. Por esto se requiere detener la degradación social y ambiental en esos territorios, exigir justicia, indemnización y reparación del daño ambiental, junto con dictar normativas de calidad y emisión en dichos instrumentos que puedan hacer efectivo lo que allí se establece. Por último es urgente el inmediato cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema en Quintero-Puchuncaví, de lo contrario la sentencia seguirá siendo un saludo a la bandera”.
Clima y descarbonización
Para Greenpeace, los compromisos de Chile en materia de Cambio climático y energía “continúan siendo insuficientes, no solo para quienes están convencidos de que estamos en una emergencia climática, sino que para las miles de personas que hoy habitan en las zonas de sacrificio, sufriendo los impactos directos de proyectos que afectan gravemente la condición climática y, por otro lado, muchas chilenas, chilenos y ecosistemas afectados por la condición de sequía prolongada.
“Es urgente avanzar en la ambición climática, en hacer obligatorios los compromisos climáticos, que las medidas busquen principalmente la integridad ecosistémica. Urge la descarbonización total al 2025 – 2030 con transición en base a energías renovables y el fin progresivo de los combustibles fósiles, incluido el gas, lo que es posible en la medida que se dirija la reactivación económica a la transición de una economía ecológica. Al mismo tiempo Chile no debe promover a la industria forestal y la plantación de Pinos y Eucaliptos como actualmente lo hace en su Contribución Nacionalmente Determinada, a fin de proteger el bosque nativo y no permitir su extinción.
Economía para el bien común
El coronavirus ha impactado fuertemente la economía, impulsando a los Estados a ejercer un rol activo en la protección y estabilidad económica. En este sentido, desde Greenpeace señalan que es importante cuestionarse y analizar a quién ha beneficiado el Estado con la ayuda a través de gasto en presupuesto público, exoneración de impuestos y subsidios a la industria privada.
Según la organización ambientalista, Plan ”Paso a paso” presentado por el Presidente Piñera vela marcadamente por el interés económico de las grandes empresas, abogando por la disminución de tiempos para el otorgamiento de concesiones y la aceleración a la tramitación de proyectos; además, indican que “el Estado debe dar satisfacción al interés colectivo, resguardando la protección ambiental y la salud de la población en un primer orden de cosas. La economía está al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. El desafío es disponer los salvatajes estatales con un objetivo público, que no es otro que el de proteger las condiciones de la naturaleza que permiten la vida humana, y planetaria.
Avanzar hacia una Constitución ecológica
La Constitución contiene las normas más importantes del sistema jurídico nacional, pero es también un texto político y social, que supone recoger los principios fundantes de la organización política de un país, y con ello asegurar la convivencia en paz. Desde esta premisa, en Greenpeace enfatizan que la Constitución de 1980 levanta y refuerza un modelo de desarrollo económico basado en la sobreexplotación de los componentes naturales de nuestro territorio, lo que puede parecer abstracto pero no lo es: La mayor parte de las chilenas y chilenos respiramos aire contaminado, el agua está en manos de privados sin ninguna protección al carácter de bien común, exponiendo a miles de chilenas y chilenos a tener que recibir agua comprada por el Estado en camiones aljibes, o la existencia de una moratoria para el cultivo de salmones en dos regiones porque las condiciones de explotación pusieron en peligro la sanidad y la vida de uno los mares más prístinos del mundo.
Desde la ONG señalan también “la necesidad de la protección de la naturaleza, la ambición en el tratamiento de la emergencia climática y ecológica y el derecho a incidir, informarnos, y participar en las decisiones que nos afectan a todos, en todos los niveles”.