El derrotero para una necesaria mejora del SEIA
por Orbe
Abogado, Magister en Derecho Ambiental.
Hace poco más de un año, en junio del 2019, el Presidente envió a la Cámara el MENSAJE Nº 097-367 (Boletín 12714-12), para un nuevo proyecto de Ley de Reforma al SEIA y a la Institucionalidad Ambiental, que vendría a hacerse cargo de las observaciones recibidas respecto del anterior, de 2018, en relación con abordar el reclamo por la falta de participación ciudadana; por la supeditación de la evaluación técnica ambiental respecto de la política, sea para aprobar o rechazar un proyecto; respecto de reducir la prolongada tramitación y recursividad de los proyectos, alcanzando decisiones definitivas con mayor anticipación.
Para todo ello el nuevo proyecto de ley pretende ampliar y mejorar los espacios de participación ciudadana; descentralizar la toma de decisiones, fortaleciendo el poder de las regiones y disminuyendo los plazos de revisiones recursivas; y permitir un acceso más equitativo y eficiente a la justicia ambiental.
En cuanto a ampliar los espacios de participación ciudadana, sin duda parece relevante la propuesta de hacerla en todos los procesos del SEIA, bastando en el caso de las DIA que lo pidan un grupo de personas o algunas organizaciones con personalidad jurídica, prescindiendo de la existencia o no de cargas ambientales, como era hasta la fecha, y que tantas sorpresas dio en la Corte Suprema, superando los límites taxativos de la ley. Sin duda ello facilitará a la ciudadanía el mejor conocimiento de los proyectos que se someten al SEIA, de sus impactos reales y la posibilidad de reclamar por cambios o el rechazo de los mismos, en su caso; y permitirá a los titulares dialogar con la ciudadanía del área de influencia del proyecto en función del perfeccionamiento del mismo. Asimismo, es consecuente con lo anterior, la obligación del Servicio de Evaluación Ambiental de informar y apoyar a las comunidades a través de una oferta de programas y cursos gratuitos, que tengan por objeto promover y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
En cuanto a descentralizar la toma de decisiones, el proyecto abandona la propuesta de Macro Zonas que contenía el criticado de 2018, manteniendo la eliminación de la reclamación administrativa al nivel central, dejando en la región la última palabra antes del paso a la revisión judicial. Lo anterior evitaría la injerencia del nivel central en las decisiones de las Comisiones Regionales, no obstante puede significar una recarga adicional al Tribunal Ambiental, el que ya presenta plazos dilatados para la resolución judicial.
Para fortalecer el componente técnico ambiental de las RCA, la propuesta es la misma, la eliminación de la reclamación o segunda instancia administrativa, la que deja como virtual culpable de incorporar criterios políticos en las RCA en la actualidad.
En cuanto a ingreso al SEIA, hace importantes aclaraciones para el caso de los proyectos inmobiliarios, de caminos públicos en áreas protegidas, y de recursos hidrobiológicos, entre otros, e inclusiones, como la de las desaladoras, que no fueron originalmente previstas. No obstante, elude abordar un necesario mejoramiento de la causal asociada al ingreso de proyectos en áreas protegidas, que día a día revela más imprecisiones finalmente resueltas judicialmente por la Corte Suprema.
Es esperable que el proyecto avance en su aprobación, ya que el país requiere prontamente un fortalecido y aclarado SEIA para mejorar la atención de los temas ciudadanos, y la seguridad en el tratamiento de los temas técnicos y administrativos, potenciando mejores evaluaciones en plazos razonables, sea para su aprobación o rechazo.