Empresas importadoras de neumáticos obligadas a reciclar
Con la Ley REP dichas empresas deberán reciclar y recolectar el 90%, ya que en Chile se venden, anualmente, alrededor de 6,6 millones de neumáticos, generándose unas 140 mil toneladas de residuos.

Tras dos años de trámite, ya se encuentra publicado en el Diario Oficial, el primer decreto de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), dando inicio oficial a la ley de reciclaje en Chile. Este primer decreto tiene por objetivo, que las empresas se hagan cargo de sus residuos, estableciendo metas de recolección y valorización de neumáticos que serán de cumplimiento obligatorio para los importadores de estos elementos al país.
El decreto establece la obligación de que estas empresas –agrupadas en un sistema de gestión- organicen y financien la recolección de los neumáticos fuera de uso en todo el territorio nacional, así como su almacenamiento, transporte y tratamiento en conformidad con la normativa vigente.
Para fijar las metas se establecieron dos clases de neumáticos. Por un lado, los más comunes, denominados categoría A, y que incluyen a los neumáticos que tengan un aro inferior a 57 pulgadas, con excepción los que tengan un aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas y a 51 pulgadas.
Se estableció un plazo para las empresas de 24 meses para comenzar a cumplir las metas, por lo que el denominado año 1 será el 2023, mientras que el 2030 se alcanzará el máximo establecido por la regulación. Las empresas que no cumplan, arriesgan fuertes multas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Si bien desde la industria del neumático valoraron la aprobación del decreto, advierten que la aplicación de este no será sencilla.
La Cámara de la Industria del Neumático de Chile (CINC), señala que la aplicación del decreto en su estado actual pondría en riesgo la efectividad de la Ley REP debido a que no se respetaría el principio de “el que contamina paga”, ya que a su juicio permite que “algunos productores no financien la cantidad total de neumáticos de cada tipo que hayan introducido en el mercado”.
En este sentido, desde la CINC señalan que el decreto no garantizaría el principio de libre competencia, introduciendo graves distorsiones al mercado de los gestores de residuos.