Evolución de la fiscalización ambiental en chile.
Programas de cumplimiento ambiental
por Orbe
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyos cargos directivos son provistos de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública. Se creó en virtud de la Ley Nº 20.417.
Tal como se señala en su página web, “A la SMA le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley”.
Para llevar a cabo dichas funciones, la Superintendencia desarrolla esta labor mediante tres modalidades de fiscalización.
- Modalidad directa, a través de sus propios funcionarios;
- A través de los organismos sectoriales, pudiendo encomendarles determinadas labores de fiscalización sobre la base de los programas y subprogramas que se definirán en conjunto para tal efecto;
- y finalmente, mediante terceros debidamente acreditados y autorizados por la Superintendencia.
Tras 9 años de funcionamiento, entre los años 2012 y 2021, la SMA ha realizado y publicado 28.916 expedientes de fiscalización para un total de 3.953 unidades fiscalizadas.
Se destaca que, en estas fiscalizaciones, el tipo de instrumento de gestión ambiental que ha sido fiscalizado, corresponde mayoritariamente a Normas de Emisión (77,5%), Resoluciones de Calificación Ambiental (6%) y otros instrumentos de gestión (16,5 %).
Del total de expedientes fiscalizados, se han levantado procedimientos sancionatorios en un 4,76 % de los casos (1.426 expedientes), en 1.352 unidades fiscalizadas.
Los principales sectores que han sido sancionados son Equipamiento (35,69%), Agroindustrias (11,85%), Vivienda e Inmobiliarios (11,36 %), Minería (7,57 %), Pesca y Acuicultura (7,50%), Instalaciones Fabriles (7,29 %), Saneamiento Ambiental (5,47 %), Energía (5,26 %), otras categorías (8,01).
Los resultados de los procedimientos sancionatorios, se distribuyen en los siguientes tipos: Absolución (10,6 %), Amonestaciones por escrito (9,6 %), Clausura definitiva (0,4 %), Clausura temporal (0,4 %), Multas (42,9%), No Aplica (35,9 %), otras (0,2 %).
A la fecha, se han terminado 667 procedimientos sancionatorios sobre un total de 589 unidades fiscalizables, y se han cursado multas por un total de 84.881,7 UTM, de las cuales 74.323,7 UTM han sido pagadas y representan un 87,56 % del total de multas cursadas.
La distribución de las multas se distribuye mayoritariamente entre empresas del Sector Minero (63 %), Energía (14,9%), Pesca y Acuicultura (8%), Instalaciones Fabriles (4,1%), Agroindustrias (3,6%), otras (6,4%).
En este contexto, ORBE CONSULTORES AMBIENTALES, a través de su Área Legal y Gestión de Permisos, ofrece el servicio de apoyo legal y elaboración de "Programas de Cumplimiento Ambiental", abordando las situaciones de incumplimiento, previamente a que se inicien los procesos sancionatorios, y evitando de esa forma la aplicación de importantes multas que pueden poner en riesgo la sustentabilidad del negocio.
El área legal gestión de permisos ofrece asesoría legal al nivel gerencial o directivo de las empresas, en materias de información legal y aplicación normativa en el marco de la legislación de relevancia medioambiental y sus vinculaciones con la legislación de aguas, aire, sanitaria, municipal, de suelos, infraestructura, servicios, ordenamiento territorial y de protección y conservación de la naturaleza. Ofrece asesoría legal permanente, y provee de informativos de actualidad normativa y jurisprudencial.
Asimismo, define y realiza Planes Maestros de Permisos, con la indicación de los procedimientos, requisitos, autoridades y plazos de cada uno de los permisos asociados a una actividad determinada, sistemáticamente organizados en un plan ordenado, y gestiona permisos ambientales aplicables a proyectos de inversión, todo en área inmobiliaria, industriales, minera, de infraestructura y de equipamiento.