LOS RETOS A NIVEL AMBIENTAL QUE TRAE EL 2020 PARA CHILE
por Orbe
2020 representa la última oportunidad de los países para comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de evitar el aumento de la temperatura global a un punto en que las consecuencias para el planeta y sus habitantes serán devastadoras.
Como organizador de la COP 25, Chile debe continuar liderando las negociaciones internacionales contra el cambio climático, hasta que la responsabilidad caiga en manos de Reino Unido, durante la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), en la ciudad escocesa de Glasgow. Adicionalmente, nuestro país deberá responder a las demandas exigidas por sus habitantes en 2019, durante las protestas más grandes registradas desde el regreso de la democracia. El tema ambiental es parte de esa agenda de pendientes a los que el Estado debe dar respuesta.
Según Mongabay Latam, estos son los principales temas que Chile deberá enfrentar a nivel ambiental en 2020:
Quintero y Puchuncaví
En el mes de mayo pasado, la Corte Suprema falló a favor de más de 700 personas, en su mayoría niños, que sufrieron intoxicaciones por inhalación de gases tóxicos durante 2019 en estas comunas pertenecientes a la Región de Valparaíso, consideradas zona de sacrificio debido a la devastación ambiental por alta concentración industrial. El dictamen del máximo tribunal ordenó a las autoridades de gobierno adoptar medidas que permitan monitorear la salud de los afectados y poner punto final a los episodios de contaminación en el sector. Pese a esto, días antes del término de 2019, los afectados señalaron que ninguna de estas medidas había sido aplicada, produciéndose nuevos casos de intoxicación desde la fecha del fallo. Ya en junio, desde las Comisiones de Medio Ambiente y de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores, se creó un frente para exigir el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema. Desde la Fundación Terram, que trabaja junto a los parlamentarios, se indicó que “de incumplirse el fallo, los pasos siguientes serán recurrir con recursos a los tribunales por incumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema y, paralelamente, recurrir a instancias internacionales de Derechos Humanos”.
Dominga
Este polémico proyecto minero/portuario podría ver finalmente decidido su futuro en 2020. En caso de concretarse, se extraerían anualmente 12 millones de toneladas de hierro junto a 150 mil toneladas de concentrado de cobre, durante 26,5 años. Un total de 318 mil millones de toneladas de hierro serían enviadas desde un puerto propio hacia el mercado asiático para su comercialización. Todo esto se llevaría a cabo a 35 km. de una de las zonas con mayor biodiversidad marina en el mundo: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choros y Damas. Estas áreas protegidas forman parte del archipiélago de Humboldt, donde pueden encontrarse hasta 560 especies marinas.
En abril del 2018, el Tribunal Ambiental falló a favor de la empresa luego de que esta acusara de arbitrariedad e ilegalidad al Comité de Ministros, que habría basado su decisión de rechazar en posturas partidistas y no en razones técnicas. La ONG Oceana acudió a la Corte Suprema, donde se dictaminó, en septiembre 2019, que el Comité de Ministros sí cumplió con el procedimiento adecuado al rechazar el proyecto. “Esperamos que esta vez [el Tribunal Ambiental] sí priorice las consideraciones técnicas y se rechace definitivamente el proyecto, aunque eventualmente la empresa pueda volver a apelar a la Corte Suprema”, señala Liesbeth Van Der Meer, Directora de Oceana Chile. Pese a que existe la opción de que Dominga continúe en instancias judiciales, Van Der Meer señala que “Sabemos que la línea base que proporcionó la empresa en su momento era deficiente y fue cuestionada reiteradas veces por los servicios públicos, por ende, esperamos que se zanje en el Tribunal Ambiental”.
Mayor fiscalización para la industria salmonera
En el Senado chileno se encuentra un proyecto de ley que propone la publicación mensual y obligatoria de la cantidad y la clase de antibióticos utilizados por la industria salmonera en cada centro de cultivo, junto con reportar su respectiva biomasa, mortalidad y cosecha de salmones. La aprobación de esta ley es un desafío para el 2020, pues en palabras de Liesbeth van der Meer, “se busca que de una vez por todas, la sociedad civil, los consumidores, los periodistas o quien esté interesado pueda acceder a esos datos y conocer de qué forma cada empresa produce y así evaluar, por ejemplo, decisiones de compra”. La directora de Oceana Chile destaca que, en los últimos 7 años, las empresas salmoneras se han negado a informar sobre la cantidad de antibióticos utilizados en su producción. Algunas de ellas, agrega Van Der Meer, incluso forman “parte de la Global Salmon Initiative donde dicen compartir valores de transparencia, integridad y sustentabilidad pero, por otro lado, realizan esfuerzos colosales para impedir la publicidad de la información en Chile”. El proyecto de ley además, autoriza a los pescadores artesanales a capturar salmones que hayan escapado de los centros de cultivo; una práctica importante de acuerdo a Oceana, ya que al ser especies exóticas en Chile, los salmones no tienen depredador. Según el ecólogo Iván Arismendi, uno de los riesgos del escape de salmones es que estas especies establezcan poblaciones viables y autosustentables en el medio natural, depredando especies nativas y compitiendo con ellas por espacio y alimentación.
Lucha contra la pesca ilegal
Este año se creó la ley que moderniza y fortalece la función del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para controlar y combatir la pesca ilegal. Una de los cambios de esta ley permite que Sernapesca se encargue de certificar los desembarques, función que era desempeñada por empresas externas. “El control de desembarque nos permite estar in situ revisando embarcaciones y recursos, evitando así el subreporte de pesca, que tanto daño genera a la conservación de las especies y que pone en riesgo la sustentabilidad de la actividad pesquera”, explicó en un comunicado Alicia Gallardo, Directora Nacional del organismo.
La responsabilidad estatal de fiscalizar las capturas realizadas estaba pendiente desde 2015, cuando se descubrió que la empresa externa encargada de registrar los desembarques en la región del Biobio intervino el sistema de pesaje, permitiendo la producción ilegal de más de 5000 toneladas de harina de pescado. Por eso, este año será clave para evaluar si la ley de modernización del organismo fiscalizador trae consecuencias positivas en la lucha contra este delito. Además, debe implementarse la obligatoriedad para todas las embarcaciones industriales de llevar instaladas cámaras que registren lo que efectivamente se pesca. Esto permitirá también los niveles de descarte que se realizan a bordo, es decir, de la pesca que es arrojada de vuelta al mar. Al no haberse concretado en 2019, esta iniciativa sigue pendiente para el 2020.
Un plan nacional contra la sequía
Durante el 2020 el gobierno deberá elaborar un Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos que, en palabras de la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, deberá estar listo en 2021. Por ahora, el plan ya tiene algunos ejes en torno a los cuales deberán plantearse soluciones para que el país pueda adaptarse a un clima cada vez más seco. Una de ellas es la gestión sustentable de los recursos hídricos que permita una adecuada protección de la cantidad y calidad de las aguas, avanzando hacia la reutilización del recurso, por ejemplo, de las aguas grises de uso doméstico. El plan también busca superar la escasez a corto plazo y abordarla de forma permanente, comprendiendo mejor el ciclo hidrológico en el manejo de los recursos, ser capaz de recargar artificialmente los acuíferos, obtener recursos desde nuevas fuentes como, por ejemplo, plantas desalinizadoras y construir nueva infraestructura hídrica.
El plan también contempla ampliar el estudio y seguimiento del estado de los glaciares a través del desarrollo de una ley específica que permita la conservación de estos cuerpos de agua; mejorar la institucionalidad para planificar de una mejor manera la asignación del recurso, así como su protección y fiscalización; fortalecer y ampliar los sistemas de monitoreo, y promover la cultura de conservación del agua a través de programas de educación. El Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos debería verse reforzado por una nueva ley marco de cambio climático que acaba de ser ingresada al Congreso. Este proyecto de ley busca establecer un sistema de gobernanza con instrumentos de gestión y mecanismos de financiamiento que permitan transitar hacia un desarrollo en contexto de cambio climático. Es decir, para cumplir con los compromisos de cero emisión de CO2 al 2050, pero tomando en cuenta también la adaptación frente a una menor disponibilidad de agua.
Un compromiso más ambicioso con el planeta
Al igual que todos los países suscritos en 2012 al Acuerdo de París, Chile debe presentar este año un compromiso de acción climática para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que sea más ambicioso que los propuestos hasta ahora. Este compromiso, conocido como Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), debe apuntar a que el país reduzca sus emisiones en un 45% para el 2030. De no hacerlo, la temperatura global sobrepasará los 1,5°C respecto de los niveles preindustriales, generando un grave impacto para los ecosistemas y la vida de las personas.
Chile está avanzando en esa tarea y ya tiene un proyecto que se encuentra en fase de revisión. La propuesta cumple con reducir las emisiones en un 45 % para el 2030 y se compromete a tener neutralidad de CO2 para el 2050. Sin embargo, expertos señalan que no hay claridad de cómo se alcanzarán esas metas, por lo que el documento no ha estado exento de críticas. La propuesta precisa que el país producirá más emisiones hasta el 2027 como año peak, reduciendo progresivamente sus niveles hasta alcanzar la meta de carbono-neutral para el 2050. Al respecto, Gary González, economista de la Fundación Terram, señala que “quedan grandes dudas de cómo se podrá lograr esa reducción en solo tres años”. Ricardo Bosshard, director de WWF en Chile, agrega que para lograr la meta sería necesario que las centrales energéticas a carbón cierren en 2030 y no en 2040 como propone el gobierno. Añade que sería necesario “adelantar el año peak de emisiones (para no esperar hasta el 2027) y aumentar la superficie de restauración y manejo de bosque nativo a 500 mil hectáreas”. Esto último debido a que “los compromisos en bosques, son similares a los que se presentaron en 2015, por lo que es necesario ser más ambiciosos”, asegura González.
Una nueva Constitución con visión ambiental
Si bien expertos coinciden en que una nueva Constitución no solucionará los pendientes ambientales que tiene Chile, aseguran que sí abriría la posibilidad a legislar sobre temas en los que hoy no es posible hacer grandes reformas, puesto que la actual Carta Magna no lo permite. Uno de esos temas es el agua, recurso que complica a Chile por la megasequía que lo afecta desde hace una década, y que el 2019 alcanzó su pico matando a 1 500 000 animales, según datos del Ministerio de Agricultura.
En Chile, explica la abogada Liliana Galdámez, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los derechos de agua, tal cual está establecido en la actual constitución, están en manos de privados. Los problemas de distribución asociados a esa figura han agravado las consecuencias de la sequía, pero “la Constitución actual es una piedra de tope para que reformas sustantivas en materia de agua no se puedan hacer”, asegura Ezio Costa, director de la ONG Fima, el estudio jurídico ambiental de interés público más importante del país. Una nueva Constitución debería así revisar el derecho que la propiedad tiene sobre los bienes comunes, como el agua, puesto que tal como consagra el texto actualmente “el derecho a la propiedad es más importante que otros derechos”, asegura Costa. Además, se debería hablar de derecho al medio ambiente sano y no a uno libre de contaminación, aseguran los expertos. Para que todas estas consideraciones sean efectivas, la nueva Constitución debe tener un cambio aún mayor, apostando a un Estado de Derecho ambiental, según Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Es decir, “hay que plantear una perspectiva más transdisciplinaria, más holística […] transformar este derecho fundamental [a vivir en un medio ambiente sano] en algo que tiene mayor trascendencia y que debiera inspirar el actuar de todos los órganos del Estado”, asegura Galdámez. Para esto es esencial incluir al medio ambiente en las bases de la institucionalidad, es decir, dentro de los primeros artículos del texto, justamente los que establecen los valores fundamentales del Estado y a partir de los cuales toda la Constitución es interpretada.