Se logró un avance crucial en la promoción de la democracia ambiental en el país con la aprobación del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) por parte del Consejo de ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Este plan, desarrollado de manera participativa, tiene como objetivo mejorar los estándares de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, garantizando un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales.
La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, enfatizó la transversalidad del PIPE, que involucra a 25 servicios públicos y compromete más de 230 medidas hasta 2030 para fortalecer la democracia. Además, el Ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, destacó la importancia del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos en la implementación del Acuerdo de Escazú.
El PIPE, estructurado en torno a cinco líneas estratégicas, coincide con los pilares del Acuerdo de Escazú: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones, acceso a la justicia ambiental, defensores de derechos humanos en temas ambientales, y fortalecimiento de capacidades y cooperación.
Cada línea estratégica del PIPE plantea medidas específicas, como garantizar el acceso a la información ambiental de manera clara y gratuita, fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental, facilitar el acceso a la justicia ambiental, reconocer y apoyar el trabajo de los defensores de derechos humanos en temas ambientales, y promover el fortalecimiento de capacidades y la cooperación entre diversos actores de la sociedad.
En resumen, la aprobación del PIPE representa un paso importante hacia la promoción de la transparencia, participación ciudadana y justicia ambiental en el país, en línea con los principios del Acuerdo de Escazú y el compromiso internacional por un desarrollo sostenible y justo.
Fuente: Ministerio de Justicia
